Informe 2010
El años 2010 ha sido uno de los más duros en términos del impacto de la crisis económica mundial, un período políticamente activo, y en el cual los periodistas y comunicadores han enfrentado diversos retos.
La inestabilidad laboral, despidos, abusos, cierre de espacios son algunos problemas que enfrentó el Gremio periodístico salvadoreño y que refleja un problema serio para el libre ejercicio de la profesión en el país.
Sin bien en el año no se registraron asesinatos o muertes de periodistas, producto de su función; sí se reportaron violaciones a los derechos laborales de hombres y mujeres periodistas.
El encarecimiento del costo de la vida, impactó también a los periodistas, quienes siguen enfrentando realidades duras como: salarios bajos, inestabilidad laboral y explotación en las distintas empresas periodísticas. A esto se suma la poca oferta laboral, para lograr absorber la gran cantidad de egresados de universidades del país, que estudian la carrera de periodismo o comunicaciones.
Para el SINPESS es importante destacar que la coyuntura política no ha garantizado que estos derechos como libertad de organización, estudio, empleo digno, respeto pleno de los derechos humanos entre otros se garanticen en su totalidad. Ante todas estas vicisitudes, el SINPESS ha ofrecido a sus afiliados y no afiliados asesoría legal gratuita mediante el apoyo y acompañamiento jurídico del Centro de Derechos Laborales (CDL) del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).
Un ejemplo de ello, es el tema de la organización que no ha despegado en su totalidad del gremio, quienes en su mayoría siguen ajenos al interés de formar parte del sindicato u otra gremial de comunicadores, para luchar desde ahí por la defensa de nuestros derechos. Las empresas mediáticas se han consolidado como los principales enemigos de la gremialización en el país, afectando con ello el derecho a la organización que tienen los periodistas al igual que otro sector profesional, según lo establece la Constitución de la República.
El año lastimosamente lo cerramos con despidos, tanto en empresas privadas como en unidades de comunicaciones de instituciones públicas, y medios estatales, el caso más emblemático fue el despido al menos 10 personas de la Radio Nacional de El Salvador, entre ellos su director el periodista Iván Montecinos, que han quedado sin empleo entre esas personas hay además dos mujeres periodistas. Similares problemas se han registrado en la Televisión Nacional de El Salvador (Canal 10), y Canal 12, en donde se ha reportado acoso laboral y despidos.
Un año con muchos golpes a la prensa
El año sin duda lo arrancamos mal, desde el punto de vista de agresiones físicas y verbales, reportándose la primera en el mes de enero, por parte del joven Carlos Funes, quien es hijo del Presidente de la República, Mauricio Funes; quién amenazó vía telefónica a dos periodistas del periódico virtual El Faro.net y que dejó en claro la prepotencia de algunos sectores ante el periodismo investigativo que intenta desarrollarse en el país.
Este hecho fue condenado por SINPESS, desde el primer momento, y dejó en claro en su pronunciamiento emitido en enero, que estas amenazas demuestran la intolerancia de sectores políticos o de poder y que atropellan el ejercicio periodístico cuando este se vuelve incómodo.
Para el mes de febrero, lamentamos el citatorio del juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Tecla, para tres periodistas que comparecieran en un caso de una persona condenada.
El Sindicato lamentó el citatorio de los periodistas de: El Diario de Hoy, Diario Co Latino, y Diario el Mundo; lo cual creemos que es una violación flagrante a los derechos de los periodistas y al secreto profesional establecido por las leyes salvadoreñas.
En noviembre de 2010, el periodista Henry Barillas, de la Agencia de Comunicación Alternativa (ACANoticias), denunció por este mismo medio las agresiones verbales por parte del alcalde de Comasagua, municipio de La Libertad, por un artículo publicado días previos y en el cual se denunciaba la tala de bosques en la comunidad.
Un año en el que la ética estuvo a pruebaEl 2010 pasará a la historia en temas referentes a la ética periodística, en el cual los dueños de medios de comunicación creemos han justificado violaciones a las leyes nacionales que regulan e intentan sobrepasarlas alegando derechos de libertad.
Queremos destacar el caso suscitado en marzo, en donde un fotoperiodista de La Prensa Gráfica, captó imágenes de un choque entre estudiantes del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) e Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), y en el cual un alumno del primero asesinó a sangre fría a Carlos Garay, estudiante de la institución nacional. Las fotos no creemos son la polémica, sino la decisión de los editores que el siguiente día decidieron publicarlas en portada de éste rotativo de circulación nacional, y divulgando el nombre y apellido del agresor, pese a que la Ley Penal Juvenil lo prohíbe. La decisión de publicar, sin duda no es aceptada por los aplicadores de justicia, que al final llevaron a la Jueza Primero de Menores de San Salvador, María Isabel Ponce, a citar a los responsables de la publicación y posteriormente a imponerle al medio de comunicación una multa burlesca de $346 por infringir el derecho a la intimidad de un menor agresor.
El caso fue considerado por la gran prensa, y particular por dicho rotativo como un atropello flagrante a la Libertad de Expresión; lo cual fue respaldado por otros medios que impulsaron una campaña de desprestigio contra el sistema judicial, y particularmente la jueza que llevó el caso.
Como SINPESS estamos convencidos que las leyes y normas actuales deben respetar, consideramos que el accionar de la jueza fue válido, y lamentamos que el medio de comunicación, como empresa no haya aceptado un posible error por la publicación. Además debe recordarse que cuando se dio ese crimen, en la Asamblea Legislativa, se debatía el incremento de penas a los menores, con reformas a la Ley Penal Juvenil.
Vimos con preocupación también que en el primer trimestre los medios de derecha, iniciaron una campaña contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), específicamente ante el trabajo de la nueva Sala de lo Constitucional sobre el análisis de un recurso de inconstitucionalidad, que en 2007 fue presentado por el empresario Roberto Bukele, contra la reforma que la derecha parlamentaria aprobó en 2004 al artículo 191 del Código Penal, referente a la penalización de la crítica periodística.
Se planteó que la CSJ podría violentar los derechos ciudadanos a expresarse y criticar libremente. El fallo al final fue emitido, después de un riguroso análisis de los magistrados en septiembre de este año, en el cual declararon inconstitucionales dos incisos del mencionado artículo, que en 2004 fueron incorporados con votos de la derecha legislativa (ARENA, PDC y PCN), y que tienen como fin la protección de los dueños de medios de comunicación.
El SINPESS en esa oportunidad dejó en claro que el fallo de la CSJ es acorde a lo que plantea la normativa legal, principalmente la Constitución de la República.
Por lo que fuimos claros en esa oportunidad que la oposición no tenía sentido, ya que el fallo lo que rige son normas y reglas claras, para ejercer la crítica sin dañar la imagen ni el honor de las personas.
Es claro, que los sectores privilegiados de prensa no deben ser considerados "personas especiales" que están por encima de la Constitución de la República. Y en nuestro pronunciamiento afirmamos y sostenemos que la libertad de expresión no puede quedar limitada sólo a los dueños de los medios, ni ser un privilegio de quienes pertenecen al sector económico más poderoso del país, es un derecho humano al cual podemos gozar todos y todas.
Como sindicato creemos que el ejercicio de la Libertad de Expresión va más allá del Art. 191 y de sus modificaciones recientes, las cuales, lamentablemente, fortalecen la actual impunidad de los propietarios de medios y sus jefaturas.
Es de destacar que existió una falta de ética profesional, la campaña permanente durante buena parte de este año por algunos medios de comunicación, para confundir al pueblo salvadoreño. Todo este tiempo han querido convencernos de que la CSJ podría atentar contra la libertad de expresión, cuando este punto no está en discusión, lo creemos incorrecto y lamentamos que la prensa en general no haya informado en relación a la temática para lograr que la sociedad tenga elementos para sacar una conclusión.
Al hacer un balance del primer trimestre el SINPESS, vimos con preocupación situaciones serias, que merecen el análisis y discusión pertinente, para frenar la violación a estos derechos fundamentales no sólo de los trabajadores de la prensa nacional sino para la misma sociedad salvadoreña.
Hechos que preocupan en tiempos de cambio
Para SINPESS es preocupante el cierre de espacios en este año, la persecución judicial –directa o indirecta- contra comunicadores para comparecer ante los tribunales en calidad de "testigos", así como la campaña de desinformación sobre el tema del artículo 191.
Estas situaciones y abusos nos preocupa y más en momentos en que en El Salvador se supone este tipo de cosas no pasarían, y más en "tiempos de cambio" y que durante la pasada campaña electoral se ofrecieron tantas cosas positivas en materia de Libertad de Expresión, de Prensa e Información por parte del ahora partido oficial como telón de base para garantizar una sociedad democrática, que tanto anhelamos los salvadoreños desde hace mucho tiempo atrás.
Como periodistas creemos que se está ante un escenario incierto, y más tensión se genera luego de los ya evidentes roces con el sector intelectual de país y autoridades del gobierno, y mayor preocupación causan hechos de censura y boicot que se reflejaron en medios estatales como los medios estatales Canal 10 y Radio Nacional de El Salvador, así como en los diferente medios de carácter privado.
A inicio de año, el poeta y periodista salvadoreño, Otoniel Guevara, denunció a través de su cuenta personal de Facebook, el cierre del espacio de debate cultural "Semáforo Azul", que se transmitía por Radio Nacional, y se extendió según lo dijo hasta el vespertino Diario Co Latino, cuando éste fungía como coordinador del Suplemento 3000, al cual renunció por estas presiones. Como Sindicato creemos que el cierre de estos espacios alternativos y culturales, son un golpe al periodismo cultural.
Se sumó además el cierre del espacio "Debate Cultural", que estaba a cargo del escritor salvadoreño Álvaro Darío Lara, quien sufrió censura en Canal 10, en donde se transmitía el programa. Tanto el caso de Otoniel como Álvaro Darío, son ejemplo de censura ante los cambios que se dieron en la Secretaría de Cultura, a partir de la destitución de Breni Cuencas, quien estuvo al frente de la institución en los primeros meses de esta administración de gobierno y que ambos escritores intentaron develar.
El año concluye como en otras ocasiones con despidos, en medios estatales, y la incertidumbre laboral de comunicadores a quienes las empresas no les garantizan estabilidad. Además se han reportado cierre en medios de comunicación que han dejado en el desempleo a muchos periodistas que no denuncian por temor a represalias y falta de confianza en las instituciones.
Así mismo se reportaron violaciones en medios de comunicación alternativos, como Radio Victoria, en donde el periodista Ludwin Ireheta, quien dijo salir de este medio debido a “injusticias” al interior de diho medio. También se dieron despidos en la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), que en el año dejó sin trabajo a seis salvadoreños, entre ellos: dos periodistas, dos técnicos del área de producción y dos empleados administrativos.
En octubre personal y colaboradores de Radio Bálsamo, decidieron cerrar transmisiones por casi una semana, ante diversos hechos de explotación laboral que sufren en este medio de comunicación alternativa, tal y como lo han denunciado su propio personal. El medio pertenece a la Red ARPAS y transmite desde el municipio de Zaragoza, departamento de La Libertad. La problemática se ha solventó aunque hay denuncias de injusticias laborales.
Estamos conscientes que la crisis económica es un factor que impulsa a las empresas a despedir personal, pero consideramos que ésta debe ser la última opción para evitar que se incremente el desempleo en el gremio, ya que como lo hemos dicho, la oferta laboral en el país es reducida.
Al mismo tiempo lamentamos el despido y cierre de espacios de organización sindical en la Asamblea Legislativa, en donde se despidió al recién electo Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), Luis Ortega y ex trabajador de la fracción del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En noviembre, Canal 12 despidió al editor de prensa, Manuel Antonio Campos Ayala, quien laboraba en el medio desde hace 16 años, la causa: injustificada. Existieron otros despidos en el mismo canal, sin embargo, las víctimas no se atrevieron a denunciar por temor a represalias por parte de los directivos y dueños del medio.
Monitoreo de mediosA inicio de 2010, dijimos que éste sería un año de muchos retos para la prensa nacional, marca el inicio del trabajo serio y en el cual los periodistas teníamos el reto de hacer valer nuestra profesión, y sobretodo dignificar el trabajo de hombres y mujeres que diariamente intentan hacer periodismo, pese a todas las limitantes.
Por ello recordamos en el marco del Día de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo de cada año, que veíamos con optimismo avances; pero ser responsables ante los escenarios que teníamos por delante. La prensa juega un rol importante en una sociedad democrática, por ello la población tiene el derecho a recibir información responsable que contribuya a la toma de sus propias decisiones, valorando opiniones y obteniendo información de diversas fuentes.
Como SINPESS esperamos que el 2011 deje mejores condiciones laborales a los periodistas, permita el desarrollo de los medios alternativos y se respeten los derechos de los hombres y mujeres de prensa. No queremos que se tengan agresiones físicas ni verbales, pedimos tolerancia de los diferentes sectores políticos, económicos, sociales y funcionarios.
Esperamos que la recién aprobada Ley de Acceso a la Información Pública, a inicios de diciembre de este año, sea ratificada por el Ejecutivo y sea de fiel cumplimiento por los funcionarios públicos y que la sociedad logre entender que tienen el derecho de exigir a las autoridades y éstas tienen la obligación de rendir cuentas.
De igual manera, hacemos un llamado urgente al sector periodístico para que se acerque a nuestro gremio para obtener asesoría en diferentes temas de carácter laboral y profesional.
Contáctanos:
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San Salvador, diciembre de 2010.-
