Antecedentes:
En El Salvador debe recordarse que después de los Acuerdos de Paz de 1992, todavía existen instituciones y personas poderosas que añoran la impunidad gozada durante las dictaduras militares del siglo XX.
Diferentes personalidades y gremios empresariales, así como de las comunicaciones nacionales e internacionales, se sienten amenazados ante los débiles avances que hace el Estado hacia la institucionalidad del país.
La Ley del Menor Infractor, la cual ha sido objeto de intentos de desacreditarla en lo relativo al respeto a la intimidad de las personas menores de 18 años, fue impulsada y aprobada por diputados del sector conservador y sancionada por el Dr. Armando Calderón Sol.
Los medios de comunicación comerciales, especialmente los de mayores recursos, tienen una alta responsabilidad ante el país en la difusión de valores y el respeto a las leyes de la República.
No existen dudas que los y las colegas de prensa arriesgarían la conservación de sus empleos si se pronunciaran con libertad de consciencia, y por ello puede entenderse que ni en la radio, televisión y prensa escrita de carácter comercial, se perciban expresiones que disientan de quienes en nombre del derecho a la información se consideren encima de la legalidad cuando nuestra Constitución de la República establece que "todos somos iguales ante la ley".
La Ley del Menor Infractor, entre los Derechos y Garantías de las personas menores de 18 años, Art. 5, literal b, establece claramente que la intimidad personal debe ser respetada y por consecuencia "no deberá ser objeto ningún dato que directa o indirectamente posibilite su identidad"
El Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS), ante la situación anterior expone:
1. Respeta el fallo de las autoridades judiciales condenatorio contra quien autorizó la publicación de la fotografía de un menor de edad, pese a que en ese momento aparentemente cometía un delito repudiado por los sectores humanitarios del país.
2. Que existen suficientes recursos técnicos para la publicación de ese tipo de fotografías sin que pierdan el impacto buscado, y a su vez, comunicando dentro del marco permitido por la ley.
3. Aclara para personas confundidas, que la fotografía mencionada no aportó pruebas para la condena del joven enfermo, por llamarlo de alguna manera, que le quitó la vida a un estudiante por razones propias de una sociedad pobre de valores y cansada de las altas tasas de delincuencia.
4. Se congratula de tener entre nuestros fotoperiodistas, verdaderos profesionales cuyos trabajos quedan en segundo plano ante el sensacionalismo desatado por la prensa comercial para evitar una multa equivalente a dos salarios mínimos y sobretodo, mantener la impunidad ya tradicional.
5. Hace un llamado a los medios de comunicación en general y a los y las trabajadoras de prensa, a redoblar esfuerzos por la proyección de valores y por supuesto, para comportarnos éticamente y respetar las leyes de la nación.
San Salvador, septiembre 19 de 2010
Somos el único sindicato de periodistas salvadoreño, que se preocupa por la formación profesional, capacitación y desarrollo de la profesión en el país. Además ser una opción para la juventud que se desarrolla en el mundo de las comunicaciones tradicionales y de las nuevas tecnologías.
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lunes, 27 de septiembre de 2010
jueves, 2 de septiembre de 2010
Posición sobre el artículo 191

Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS)
Posición ante la demanda de inconstitucionalidad de las reformas al Art. 191 del Código Penal, referentes a la impunidad para dueños y jefes de los medios de comunicación, cuando atenten contra "el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen" protegidos por el Art. 2 de la Constitución de la República.
El SINPESS es y ha sido durante muchos años un referente de lucha a favor de la libertad de expresión del pueblo salvadoreño, que no debe confundirse con la libertad de empresa.
La libertad de expresión no puede quedar limitada sólo a los dueños de los medios, ni ser un privilegio de quienes pertenecen al sector económico más poderoso del país.
El gobierno del país está en la obligación de pautar en todos los medios y no sólo en los más grandes, por cuanto utilizan los dineros del pueblo y discriminan a quienes no les adulan o adoptan posiciones críticas.
No existe legislación que empodere a los y las profesionales de la prensa de la información y de la crítica periodística, por cuanto al hacerlo pondrían en riesgo su empleo. Al no contarse con contratos colectivos de trabajo, el sector de prensa sigue atado a los intereses de los propietarios de los medios.
Las frecuencias de radio y TV son en la práctica una propiedad de sus "dueños", cuando el espectro radio eléctrico le pertenece a la población salvadoreña. Sólo se cuenta con una frecuencia para las radios comunitarias (de unas 200) y se carece de televisoras comunitarias.
El ejercicio de la libertad de expresión va más allá del Art. 191 y de sus modificaciones recientes, las cuales, lamentablemente, fortalecen la actual impunidad de los propietarios de medios y sus jefaturas.
La Federación Internacional de Periodista (FIP), La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), a las que orgullosamente pertenecemos "trabajan por la libertad de expresión mediante el desarrollo de los sindicatos, trabajando por los derechos y condiciones sociales de los periodistas, ya que no puede haber libertad de prensa donde los periodistas viven en condiciones de corrupción, pobreza o temor".
Como miembro de la FIP, FEPALC y FELAP nos sentimos obligados a sentar una posición ante el debate del recurso de inconstitucionalidad que estudia la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Por lo tanto:
1. Expresamos nuestra oposición a que los sectores privilegiados de prensa sean consideradas personas especiales que están por encima de la Constitución de la República y de la ley, al presionar por mantenerse impunes ante los delitos de injuria, difamación y calumnia, al contrario del resto de salvadoreños y salvadoreñas.
2. Consideramos una falta de ética profesional, la campaña mantenida por los medios para confundir al pueblo salvadoreño. Todo este tiempo han querido convencernos de que la CSJ podría atentar contra la libertad de expresión, cuando este punto no está en discusión.
3. Pedimos a nuestros colegas de otras organizaciones de periodistas, a la Presidencia de la República y a la iglesia católica a que reflexionen y se informen de los antecedentes e intereses que se mueven alrededor de la gigantesca presión contra la CSJ, cuyo fallo esperamos se atenga a lo que dice la Constitución de la República.
4. Respaldamos al ciudadano Roberto Bukele en la lucha por detener la impunidad de los propietarios de los medios de comunicación.
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